La CIDH alerta por el deterioro de la libertad de expresión en la Argentina

En una audiencia en Miami, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y periodistas denunciaron hostigamiento, amenazas, ataques en marchas y desmantelamiento de medios públicos desde la llegada de Javier Milei al gobierno. El Estado argentino negó la existencia de un problema estructural y calificó los casos como “aislados”, pese al fuerte llamado de atención de la CIDH. Esta nota está elaborada en base a información del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En una audiencia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Miami, el Estado argentino fue interpelado por el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en el país, a partir del aumento de hostigamiento, amenazas, ataques físicos y judicialización contra periodistas, fotógrafxs y manifestantes durante estos casi dos años de gobierno de Javier Milei.

Del encuentro participaron Amnistía Internacional, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), ARGra y el CELS, junto a lxs periodistas Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta, quienes relataron los ataques y campañas de estigmatización que sufrieron desde la asunción de Milei.

Las exposiciones describieron un escenario marcado por ataques sistemáticos a las opiniones críticas, hostigamiento a la prensa y uso de la justicia penal y herramientas de vigilancia para restringir voces disidentes. También se denunció el desmantelamiento de los medios públicos, la falta de apoyo a los medios comunitarios y las graves condiciones en las que las y los trabajadores de prensa deben cubrir las manifestaciones, especialmente luego de la aplicación del protocolo “antipiquetes” y de operativos represivos en la vía pública. Todo esto, advirtieron, ocurre en un contexto de vigilancia y control de la opinión, documentado a partir de la difusión de fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional.

Un gobierno que niega el problema

En nombre del Estado argentino, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó que existan problemas de libertad de expresión en el país. Sostuvo que los ataques individuales no pueden adjudicarse a políticas de Estado y minimizó el hecho de que muchos de esos ataques en línea hayan sido ejecutados o promovidos por el propio Presidente. Además, calificó como “irrelevantes” los testimonios presentados en la audiencia.

La respuesta oficial fue cuestionada por las autoridades de la CIDH. La secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, remarcó que no se trata de casos aislados, sino de una tendencia preocupante. “Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas y criminalización hacia periodistas y activistas de derechos humanos”, señaló.

Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, recordó que “cuando un gobernante se dirige a la prensa lo hace desde una posición de poder y eso puede tener impactos. La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”.

Cifras que desmienten el discurso oficial

En la audiencia, las organizaciones pusieron números a este proceso. Según lo expuesto, “cerca de 3.000 personas resultaron heridas en las manifestaciones de 2024 y 2025, y casi 300 de ellas eran trabajadores de prensa.” Solo en lo que va de 2025, las agresiones a periodistas duplican las registradas en 2024, lo que refuerza la idea de un clima cada vez más represivo y hostil hacia el derecho a la protesta y a la información.

La CIDH destacó el trabajo de la prensa en la reconstrucción de los operativos represivos y la identificación de responsables, y tomó nota del impacto que la vigilancia, la estigmatización y la violencia estatal tienen sobre quienes informan y quienes se movilizan.

Lo que se pidió ante la CIDH

En su presentación, las organizaciones le pidieron a la Comisión que monitoree de manera permanente el contexto represivo en la Argentina y que exija al gobierno medidas concretas para detener los ataques contra periodistas y voces críticas. También reclamaron que se ponga fin a la represión contra quienes se manifiestan y contra quienes cubren esas protestas.

Finalmente, solicitaron una visita in situ de la CIDH junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a la Argentina, para relevar en el territorio la situación de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y las condiciones de trabajo de la prensa.

El pedido de audiencia fue impulsado por el CELS junto a AMARC, la Fundación Transparencia Activa, Innocence Project Argentina, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, REDCOM (Red de Carreras de Comunicación), el Colectivo Revista Crisis y la Fundación Heinrich Böll.