Bolsonaro irá a juicio en Brasil por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrentará un juicio acusado de liderar un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Este miércoles, la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal dio luz verde al procesamiento del exmandatario de extrema derecha, bajo la imputación de liderar una “organización criminal” que buscaba impedir que su sucesor izquierdista asumiera el poder tras su victoria en las elecciones de 2022.
La justicia brasileña determinó que el expresidente Jair Bolsonaro tendrá que ir a juicio acusado de cometer intento de Golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho por los ataques violentos que sus simpatizantes realizaron en la sede de los tres poderes de Brasil el 8 de enero de 2023.
Junto con él serán juzgados siete exmiembros del gobierno de Bolsonaro, tres de los cuales eran generales del Ejército: Augusto Heleno (exministro del Gabinete de Seguridad Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defensa) y Braga Netto (exministro de la Casa Civil). También están acusados Anderson Torres (exministro de Justicia), el teniente coronel y exasistente de Bolsonaro, Mauro Cid; el diputado y expresidente de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem; y el almirante Almir Garnier, excomandante de la Marina.
Todos ellos tendrán que responder por los cargos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, Golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión y con perjuicio considerable a la víctima y deterioro de los bienes enumerados. Los cinco magistrados de la Sala aceptaron por unanimidad las acusaciones que presentó en febrero la Procuraduría General de la República en contra de Bolsonaro y sus colaboradores.
Las penas máximas combinadas que podrían imponérseles, en caso de ser declarados culpables, superan los 40 años de prisión.
Bolsonaro reiteró su rechazo a haber cometido los delitos de los que se lo acusa.
Las acusaciones
La denuncia vincula las acciones de Bolsonaro con los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de personas invadieron y vandalizaron la sede del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo) y el Supremo Tribunal Federal.
Según la acusación, los presuntos golpistas contemplaron el asesinato del presidente Lula, de su vicepresidente y del juez del Supremo, Alexandre de Moraes, quien instruye el caso. Bolsonaro y los siete exfuncionarios mencionados formarían parte de un “núcleo crucial”, en el que se habrían originado las principales decisiones y acciones relacionadas con el golpe.
La denuncia presentada por la Procuraduría General de la República de ese país se basó en 474 denuncias que narraron la misma versión de los hechos de aquel 8 de enero. De estas denuncias, dijo el ministro Alexandre de Moraes, se han obtenido 251 condenas y 4 absoluciones, y actualmente continúan 219 procesos penales abiertos.
“Brasil necesita saber qué pasó. Quien cometió el crimen debe pagar por ello”, dijo, por su parte, la ministra Carmen Lúcia.
En una de esas denuncias se incluyen las declaraciones del general Marco Antonio Freire Gomes y el brigadier Carlos Baptista Junior, quienes afirmaron que el gobierno de Bolsonaro convocó a la cúpula militar de Brasil para efectuar el golpe de Estado. Ambos militares, que comandaban respectivamente el Ejército y la Aeronáutica, se negaron a participar en ello.
El ministro Flávio Dino respondió a los señalamientos que han hecho defensores de Bolsonaro, quienes aseguran que la apertura del proceso era desproporcionada y jurídicamente inviable porque durante los ataques no hubo muertos. En su exposición, el ministro recordó el golpe de Estado del 1 de abril de 1964, donde “los muertos llegaron después”. Agregó que “la denuncia tiene los atributos esenciales de materialidad y viabilidad, ya que hubo violencia y esta pudo haber causado enormes daños”.
“Brasil necesita saber qué pasó. Quien cometió el crimen debe pagar por ello”, reiteró la ministra Carmen Lúcia.
Tras aceptar la denuncia, se citará a comparecer a los acusados y sus abogados. Después, los ministros del Tribunal decidirán si son culpables. En ese caso, se les impondrá una sentencia de forma individual.
Bolsonaro responde
Tras finalizar la audiencia, Bolsonaro se reunió con la prensa frente al Senado y pronunció un largo discurso en el que criticó la decisión de los ministros, y aseguró que la denuncia en su contra es injusta pues públicamente criticó “el vandalismo” del 8 de enero.
El expresidente (y ahora senador) insistió en que no estaba en Brasil el 8 de enero. “Si hubiera estado aquí el 8 de enero, hoy todavía estaría en la cárcel. O muerto.”
Afirmó que no se le podría acusar de Golpe de Estado porque viajó a los Estados Unidos para evitar entregarle la banda presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva.
“El 8 de enero estaba en Estados Unidos. Y una de las acusaciones contra mí es la destrucción del patrimonio público. Solo si es por telepatía”, dijo.
El golpe fallido
Una semana después del arribo de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil, en enero de 2023 seguidores de Bolsonaro atacaron la sede de los tres poderes de gobierno, rompiendo un cerco que la Policía Militar y la Fuerza Nacional de seguridad habían instalado para proteger la explanada de Ministerios.
Los autobuses comenzaron a llegar desde la noche del sábado 7 de enero. El acto se esperaba. Semanas atrás, estos grupos bolsonaristas amenazaron con hacer acciones en contra del nuevo gobierno y el ministro de justicia, Flávio Dino, había ordenado hacer un cerco de seguridad integrado por la Policía Militar y la Fuerza Nacional brasileñas.
Pero nadie esperaba el tamaño de los ataques de este domingo. Algunos calculan que fueron casi 4 mil. Los mismos que durante la mañana del domingo 8 invadieron el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y la Suprema Corte, destruyendo mobiliario de esos edificios.
Un año después, en marzo de 2024, el testimonio de dos excomandantes de la policía brasileña demostró cómo Bolsonaro intentó promover un golpe de Estado, pero fracasó al no contar con suficiente apoyo militar y la división de los generales.