La motosierra se vuelve a encender

Alerta ante el anuncio de cierre de 60 organismos por parte del Gobierno. Puestos de trabajo y derechos en juego por la nueva avanzada de Sturzenegger.

El anuncio de eliminación de unas 60 dependencias del Estado Nacional despertó alerta acerca de las consecuencias que esta decisión pueda traer.

La medida que planea Federico Sturzenegger se implementará a partir del denominado «decreto 51» en alusión a una continuación al tristemente célebre decreto con el que el Gobierno dio su puntapie inicial el 20 de diciembre pasado.

Si bien la medida fue adelantada por fuentes del Gobierno, no están claras las dependencias que dejarían de existir, pero entre los nombres que se mencionan se encuentran el Instituto Nacional de Asuntos INdígenas (INAI), el INstituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

A pesar de que los referentes del Gobierno y sus voceros tienen en la mira a los distintos institutos que fomentan las actividades artísticas como el INCAA, el INAMU o el Instituto Nacional del Teatro, esto no será posible. Es que el artículo 3º, inciso B del Titulo II, referido a la Reforma del Estado  del texto aprobado de la Ley Bases, prohíbe expresamente la disolución de esos organismos.

El cierre de organismos tiene un recorrido en los planes del Gobierno, pero no pudo avanzar hasta el momento por no contar con las facultades administrativas que le cedió el Congreso a Milei a fines de junio para poder avanzar. El proyecto se encuentra ahora en el armado del andamiaje legal que justifique la disolución de cada área.

Al conocerse la noticia, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó a través de sus redes sociales que “el intento de cierre de más de 60 organismos públicos impulsado por el Gobierno no es sólo un ataque a los trabajadores estatales, sino a toda la sociedad. Cada organismo que se cierra se traduce en un servicio público que desaparece”.

Y planteó que “la sociedad comienza a tomar conciencia que la destrucción del Estado es la destrucción de ella misma, y no de la casta. La casta está feliz y sigue acumulando cargos nuevos en la administración con sueldos millonarios”.

“No están recreando el Estado nacional que imaginó Alberdi. Nos están arrojando a un estadio pre constitucional, donde cada provincia hará lo que sea para lograr el bienestar de su población. Intentan la disolución nacional”, expuso Aguiar.

El referente del Parlamento Mapuche Tehuelche Orlando Carriqueo planteó que “para eliminar el INAI tiene que derogar la ley 23.302 que es la creadora del INAI. Eso sería una flagrante violación al derecho indígena y a los convenios internacionales cerrar un organismo. Que tiene muchas falencias, porque no voy a negar que hay muchas situaciones que el INAI no ha podido resolver, pero es el ámbito en el que se tienen que canalizar las discusiones que tenemos más de 40 pueblos indígenas en Argentina”.

Y evaluó que “sería un hecho muy grave que cierren el INAI. Más allá de que siempre han sido las intenciones de este gobierno racista, antidemocrático y clasista, creo que  no tiene esa posibilidad. Y si la tuviese o la ejerciera sería violatorio a los preceptos constitucionales y creo que eso es grave. De la misma manera que es grave la sanción de la Ley Bases porque intenta modificar la Constitución en distintos aspectos como quitar derechos o conculcar garantías constitucionales”

Carriqueo advirtió que “este gobierno actúa fuera de los rangos constitucionales, fuera de los preceptos democráticos. Básicamente porque por más que haya sido votado y eso le da una legitimidad para el ejercicio, para los que no tiene legitimidad es para las acciones de gobierno que pretende llevar adelante pasándose por encima de la Constitución”.

Y concluyó: “hay muchas demandas incumplidas por parte del Estado Nacional: el ejercicio del derecho del territorio comunitario, a la propiedad comunitaria; el derecho a la consulta que libre previa e informada en los distintos aspectos que tienen que ver con distintos proyectos que tienen los gobiernos nacional y provinciales sobre todo extractivos. Ahí tiene que actuar el INAI. Porque se constituyó para defender los derechos dentro de del Estado. Entonces tiene que garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derecho indígena. Y también  debe acompañar el desarrollo de las comunidades de acuerdo a su propia cosmovisión. Ese es un derecho de los pueblos indígenas, pero también es una obligación de los estados, respetar y acompañar ese proceso”

#CanalAbierto