Trabajadores de la PIAP se movilizan contra la privatización y defienden el rol estratégico de la planta en la producción nuclear

Este viernes, trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), en Arroyito, Neuquén, se manifestaron en la Ruta 22 para expresar su rechazo a los planes de privatización de la planta, fundamentales para la producción de agua pesada y el funcionamiento de las centrales nucleares de Argentina. La movilización, organizada por trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), incluyó una volanteada en el puente de Arroyito para visibilizar la situación y alertar sobre las posibles consecuencias de convertir a la PIAP en una sociedad anónima.

“El Gobierno Nacional intenta avanzar en la privatización de la planta mediante un decreto”, denunció Jonatan Valenzuela, secretario general de la Seccional de ATE Senillosa-Arroyito-El Chocón. Valenzuela advirtió que el cambio de formato de gestión podría comprometer la continuidad de la PIAP y los 125 empleos actuales. Además, exigió una posición clara del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien tiene en su poder el 51% de las acciones de ENSI, la empresa provincial que gestiona la planta junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que posee el 49% restante.

“Nos preocupa que se cambie la estructura de la planta”, explicó Valenzuela en una entrevista con Radio Universidad CALF, ya que “el paso de una sociedad estatal a una sociedad anónima podría abrir la puerta al cierre de la planta”, afectando tanto a los trabajadores como a la autonomía energética del país.

Desde su construcción en 1993, la PIAP ha sido un activo estratégico para Argentina, ya que es la única instalación del país capaz de producir agua pesada, un recurso indispensable para el funcionamiento de las centrales nucleares nacionales, como las de Atucha y Embalse. La planta estuvo inactiva en los últimos años, pero recientemente se ha reactivado con la intención de satisfacer la demanda interna y posicionarse en el mercado global de agua pesada y otros productos industriales.

“El cambio de estructura podría poner en riesgo la continuidad del proyecto”, subrayaron los trabajadores, quienes reiteraron la necesidad de que la PIAP siga siendo una empresa pública, dadas sus implicaciones en términos de soberanía energética y empleo regional. “Estamos haciendo visible nuestra situación para que la sociedad entienda la importancia de mantener este tipo de empresas en el ámbito estatal”, concluyó Valenzuela, al tiempo que resaltó la función de la PIAP en el plan energético y la transición hacia alternativas energéticas más limpias.

Con esta movilización, los empleados buscan que la Provincia y la Nación prioricen el mantenimiento de la planta como una empresa estatal que contribuya al desarrollo de la industria nuclear y que asegure condiciones de trabajo dignas para sus empleados.